La seguridad de los datos personales en el Perú se encuentra en una situación crítica. Un reciente reportaje reveló que información altamente sensible de millones de ciudadanos como direcciones domiciliarias, fechas de nacimiento, huellas digitales, firmas e incluso datos de familiares puede adquirirse en internet de manera rápida y por precios que oscilan entre los 3 y 5 soles.
Estas transacciones ilegales se realizan principalmente a través de grupos en la plataforma Telegram, convertida en un mercado negro digital donde se comercializan datos sin mayores restricciones. Esta práctica, conocida como doxeo, expone a los ciudadanos a múltiples riesgos, entre ellos la extorsión, el robo de identidad y estafas financieras cada vez más sofisticadas.
Gran parte de esta información proviene de las bases de datos vinculadas al Documento Nacional de Identidad (DNI), administradas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Aunque la entidad asegura contar con protocolos de seguridad avanzados, la investigación señala que la principal vulnerabilidad estaría en los accesos autorizados otorgados a empresas e instituciones externas. Funcionarios o exfuncionarios con permisos legítimos habrían utilizado o conservado dichos accesos de manera indebida, permitiendo que la información termine en manos de ciberdelincuentes.
Durante la investigación periodística, se comprobó que es posible adquirir fichas completas de RENIEC en cuestión de segundos, lo que confirma la existencia y operatividad de este comercio ilegal. La venta de datos personales constituye un delito y está penada en el país con hasta cuatro años de prisión, según la legislación vigente sobre protección de datos y privacidad.
La masiva filtración de información también ha impulsado el crecimiento de delitos como el phishing y el vishing, modalidades de estafa en las que los delincuentes se hacen pasar por entidades confiables, como bancos o empresas de servicios, para engañar a las víctimas y obtener información financiera o realizar cobros indebidos. Solo en el último año se registraron decenas de miles de denuncias por cibercrímenes y pérdidas económicas que alcanzan cifras millonarias.
Este panorama evidencia la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control, supervisión y sanción en el manejo de datos personales, así como de promover una mayor cultura de prevención digital. La protección de la información de los ciudadanos no solo es una obligación legal, sino una condición esencial para garantizar su seguridad en la era digital.
